Ley de Protección y Prevención contra la Ciberdelincuencia es aprobada, pero genera polémica

El pleno del congreso aprobó el pasado 4 de agosto la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, creada para llevar a la justicia todos los delitos cometidos en el ciberespacio.

Se espera que pueda abarcar toda la tecnología actual, los teléfonos y todos aquellos dispositivos que puedan conectarse a internet, ya que está siendo parte importante de la actualidad, según el pleno del congreso, y por ello es necesario regularlo.

Para el momento de su aprobación, se obtuvo una mayoría de 100 votos a favor de la ley, mientras que el resto de diputados votaron ya sea en contra, se abstuvieron y algunos no asistieron.

Sin embargo, han habido una gran cantidad de puntos en contra, surgidos desde la sociedad civil e incluso desde adentro del congreso. La aprobación de esta ley ha sido un tema polémico y de mucha discusión desde el momento que fue aprobada, principalmente porque se menciona que puede restringir, limitar o perjudicar la libertad de expresión, particularmente los artículos 9 y 19 de esta misma ley.

Es una ley penal, por lo que tipifica o establece nuevas figuras delictivas, y estos delitos serán perseguidos penalmente desde la acción pública, es decir que los fiscales estarán activamente buscando a aquellos que infrinjan esta ley, en otras palabras, el Ministerio Público ejercerá la persecución penal de los delitos creados con esta ley.

El motivo de su creación es porque el internet es usado en la actualidad por una gran cantidad de personas, no solo en Guatemala, sino que en el mundo entero. Así que hay una necesidad de crear una ley que lo regulara, ya que el ciberespacio es un medio susceptible en el que se pueden cometer delitos.

Por tanto, para realizar la persecución penal para los delitos creados por esta ley, se contempla la creación de una organización especializada en ciberseguridad que, tras una orden judicial, podrá acceder a cualquier dispositivo electrónico, hackeando su sistema, para acceder a la información que posee, convirtiendo ello en prueba admisible es un tribunal con la que es posible imputar a una persona con un delito.

Para ahondar un poco más en la temática, Lucrecia Turcios, polítiloga, compartió su punto de vista al respecto:

¿Qué tipo de intervención tendrá el Estado en nuestra privacidad digital?

“A partir de la creación de esta ley, el Ministerio Público podrá perseguir a cualquier ciudadano Guatemalteco que esté infringiendo la ley en y desde el ciberespacio. Los fiscales de ahora en adelante estarán buscando activamente a posibles sospechosos en los medios digitales que hayan cometido alguna infracción en contra de esta ley.

A diferencia de los delitos de calumnia, injuria y difamación, estos son de acción pública. De acuerdo a los principios de la libertad de expresión fundamentados en la Constitución, alguien puede denunciar a un tercero, de forma privada iniciando una querella, en caso se sintiera ofendido y con pruebas de que sea falso. Es un delito de acción privada. Con esta nueva ley, no sabremos si en realidad nuestra libertad de expresión se verá menoscabada debido a su naturaleza de acción pública ya que cualquier cosa que publiquemos en redes sociales podría llegar a ser motivo de imputación penal”

¿Qué límites tendrá esta ley?

“Su único límite al parecer será la libertad de expresión, pero los artículos 9 y 19 no lo dejan muy claro debido a la ambigüedad en su redacción. ¿Los políticos también tendrán parte dentro de esta ley? Es decir, si yo me quejo de un político o lo crítico, no puede ser sancionado, en teoría, pero con esta ley, ya no me queda muy claro.”

Se concluyó la entrevista con la siguiente pregunta:

¿Es realmente necesaria esta ley en nuestro país?

“En definitiva. No podemos quedarnos atrás con la regularización del internet, es una nueva realidad. También la necesitamos porque la ley contempla la protección a la niñez y la protección a la información privada, pero considero que será requerido ya sea ampliar o aclarar los incisos que mencioné”.

Esta es una ley que ha provocado controversia en diversos sectores de la población, y se espera que en las próximas semanas se continúe discutiendo al respecto. Se contempla también la posibilidad de que el presidente del Ejecutivo pueda vetar la ley, pero aún se pronunciado al respecto.