Industrias y comunidades en Guatemala: un conflicto por el agua.

Por Lourdes Alcantara

Guatemala es un país que se caracteriza por ser rico en recursos naturales, debido a esto se ha convertido en un lugar de gran interés para diferentes industrias extractivas como las mineras, los monocultivos como los ingenios y también para las hidroeléctricas, sin embargo a lo largo de los años, debido a la instalación de estas empresas se han reportado casos de desalojos, conflictos y denuncias hacia las comunidades aledañas, uno de los principales señalamientos de las comunidades hacia estas empresas es que contaminan y limitan las fuentes de agua, además generan daño al medio ambiente.

Gloria Marina Apen Gonzales, Directora de la Unidad de Pueblos Indígenas del Consejo Nacional de Áreas protegidas (Conap) comenta que la población indígena y las comunidades Juegan un rol muy importante en la conservación de los recursos naturales, por ejemplo en el bosque comunal de 48 cantones de Totonicapán existe una serie de nacimientos de agua los cuales son resguardados por este pueblo a través de de las autoridades ancestrales por medio de un servicio ad honorem de guardabosques comunitarios, Apen indica que estas fuentes de agua se han visto amenazadas por el modelo económico y extractivista que tenemos y también debido al cambio climático.

De acuerdo a la normativa, si estas fuentes de agua se encuentran dentro de un territorio que sea habitado o usado por las poblaciones indígenas debe realizarse una consulta, pero no por parte de la empresa sino que debe ser la entidad pública de esa área y las resoluciones finales las emite el ministerio de ambiente y las empresas deben elaborar un estudio de impacto ambiental, lamentablemente en este proceso no se incluye la consulta libre previa e informada.

Dentro de los estudios de impacto ambiental debe incluirse la participación social pero lastimosamente se ha reducido a una reunión, en el mejor de los casos porque por lo general en los expedientes se encuentran adjuntas encuestas y boletas de respuestas pero no se puede saber con exactitud si realmente fueron llenadas por los mismos habitantes, cuenta Apen.

Agrega que existe una debilidad institucional en cuanto a tema de políticas públicas en materia ambiental, también en el tema de la consulta libre, previa e informada la cual está avalada por el convenio internacional 169, el no hacer las consultas tiene un impacto social ya que en algunos casos las empresas intervienen en los territorios y al no querer enfrentar a toda la población, seleccionan a ciertos líderes, en ciertos casos comentan que estos ceden a las empresas, esto al final genera desconfianza y división del tejido social.

“Los cuadros técnicos existen, la normativa existe, las instituciones deben apegarse a ese normativo y cumplir sus funciones, es muy lamentable ya que sabemos que muchas autoridades no necesariamente escuchan a los cuerpo técnicos y al final se resuelve de otras manera, no existe voluntad política y mucho menos para el tema de derechos indígenas”, finalizó Apen.

El 11 de diciembre de 2019, en la finca Bremen ubicada en el municipio Puruláh de Baja Verapaz, se reportó un caso de desalojo hacia la comunidad de la zona, según lo comentado por los habitantes desalojados, sería a causa de la hidroeléctrica, cafetal y la perla pertenecientes a la empresa “hidro Jumina” , Jorge Valenzuela, encargado del área de resolución de conflictos de esta hidroeléctrica explica que se desconoce el contexto de lo ocurrido y narra los hechos que presenció en esta comunidad.

Comenta que en ocasiones debido a los fenómenos de descomposición social que no involucra a todas las comunidades sino que, ciertos grupos de personas se dedican a invadir fincas con el uso de la fuerza, esta estructura se ha nutrido de personas con intereses políticos, militares y funcionarios de distintos niveles que ocupan puestos clave, estos crean estructuras de miedo.

Este grupo tiene una dinámica particular, dice Valenzuela, un grupo de personas se dedica a identificar fincas y posterior a ello buscan a personas con deseos de adquirir tierra en las comunidades aledañas, crean grupos de choque para invadir las fincas y llaman a los propietarios para “negociar”, este proceso se hace de forma extorsiva ya que no permiten el retorno de la finca sino que, la quieren comprar y es en este punto en donde entran los funcionarios ya que comienzan a llamar a abogados y diputados que presionen al fondo de tierras para adquirir la finca, al final logran hacer esta concesión y este grupo le termina alquilando las tierras a este grupo invasor que organizó en la comunidad.

En el caso de la comunidad de Purulhá, el dueño de la finca sometió a proceso legal esta situación y se obtuvo esta orden por medio del juzgado que falló a favor del propietario, en esa ocasión llegó la PNC (Policía Nacional Civil) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ese día se logró llegar aun diálogo y el propietario recuperó la finca.

Agrega que, algunos medios de comunicación de forma malintencionada quisieron involucrar a la hidroeléctrica cuando, el caso era de una finca vecina y los habitantes de la zona aledaña a la finca conocen bien todo lo que ocurrió.

Valenzuela explica que no todos los casos de las hidroeléctricas son iguales y que siempre se debe realizar todo un proceso para su construcción.

“Todos creen que desarrollar un proyecto hidroeléctrico en el país es cosa fácil, sin embargo, en cada etapa se deben de presentar todos los estudios, permisos y licencias obtenidas, porque hasta en el banco para la obtención del crédito para la inversión se deben de presentar y es más, en la actualidad en todas las instancias se presenta los documentos que garanticen la viabilidad social.

Los proyectos en los que he tenido la suerte de participar, las áreas o terrenos son de carácter privado, es decir que las hidroeléctricas construidas se encuentren por mucho dentro de una propiedad privada”.

Respecto al tema de las pautas de protección de medio ambiente explica que, toda hidroeléctrica tiene y debe de con un sistema de caudal ecológico, por lo que secar los ríos o dejar sin agua los cauces es incorrecto y falso en la gran mayoría de los casos, verificado por auditorías que realiza tanto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como el Ministerio de Energía y Minas (Men) y otras instituciones a solicitud de las comunidades.

Sobre la conflictividad con las comunidades y las hidroeléctricas Valenzuela dice que una de las causales más recurrentes en la conflictividad con las hidroeléctricas deriva de problemas con la comunicación e información, así como de generar canales de comunicación adecuados con pertinencia cultural y en el idioma del área, así como la generación de confianza.

Otra causal que he identificado, comenta, es el de carácter político que eleva cada periodo de elecciones generales, pero que está presente todo el tiempo donde los políticos envuelven la información para mantener un capital de electores.

Por último y quizá uno de los más dañinos, lo constituyen los grandes intereses y capitales nacionales y transnacionales, con esto me refiero a los intereses de sectores como el petrolero, el de carbón y cogeneración (ingenios) que invierten enormes sumas de dinero en campañas de desinformación con banderas ecológicas, sociales ideológicas y nacionalistas, con la finalidad de limitar la construcción y puesta en funcionamiento de hidroeléctricas a nivel mundial, a sabiendas que los costos de generar con hidroeléctricas, eólicas y solares, son por mucho menor que el de combustibles fósiles y carbón que son altamente contaminante.

Un tema que he vivido en carne propia es el encontrar liderazgos que gracias a Dios son los menos, pero que buscan a toda costa su beneficio propio, pero que sin duda resultan extorsivos y van desde el líder comunitario, los alcaldes y hasta gobernadores que generan conflictos para aparecer como mediadores a cambio de beneficios personales, lo que resulta sumamente complejo al no contar con un sistema de seguridad y justicia que sea rápido y eficiente, son los más difíciles de resolver.